La Pastoral Aborigen rechaza la criminalización de las comunidades
- 30 de agosto, 2026
- Buenos Aires (AICA)
Cuestiona proyectos sobre tierras comunitarias, reclama garantías para Puente Quemado II y exige que se respeten los derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.
La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresaron su preocupación por la legislación que se debate en el Congreso vinculada a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y al acceso a la tierra de comunidades criollas y asentamientos urbanos. Al mismo tiempo, repudiaron las acusaciones y el hostigamiento contra agentes pastorales que acompañan a comunidades originarias en la defensa de sus derechos.
El pronunciamiento pone especial atención en la situación de la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II y del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), cuyos integrantes fueron señalados públicamente como supuestos responsables o instigadores de hechos delictivos.
La Iglesia desmintió "categóricamente" esas acusaciones y sostuvo que el acompañamiento pastoral "no puede derivar en una persecución penal". Además, afirmó que escuchar, acompañar procesos comunitarios, promover el diálogo y defender la dignidad de los pueblos indígenas forman parte de una misión que la Iglesia desarrolla desde hace décadas.
Una situación que excede un caso particular
El documento advierte que el conflicto de Puente Quemado II no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario más amplio de desalojos, violencia y desplazamientos que afectan a numerosas comunidades indígenas del país.
En ese marco, menciona los recientes conflictos registrados en las comunidades de Las Pailas y de la Ruta 86, en Salta; Santa Rosa, en Jujuy; y los lof Kinxikew y Melo, en Neuquén.
Reclamo al Estado
La CEPA y Endepa recordaron que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. También señalaron que el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú obligan al Estado a proteger esos derechos y garantizar condiciones seguras para quienes defienden los derechos humanos y ambientales.
Por ello, solicitaron a las autoridades provinciales que garanticen la seguridad de la comunidad Puente Quemado II, de sus líderes y de quienes los acompañan pastoralmente, que investiguen objetivamente las denuncias y que promuevan soluciones institucionales mediante el diálogo.
"No permaneceremos indiferentes"
En el tramo final del mensaje, la Pastoral Aborigen reiteró su rechazo a toda forma de estigmatización, difamación y criminalización contra líderes indígenas y agentes pastorales.
"Como Iglesia no permaneceremos indiferentes. Acompañar a los pueblos indígenas es parte de nuestra misión. Defender la dignidad humana es parte de nuestra fe. Y proteger a quienes defienden derechos es una responsabilidad que asumimos porque defender la vida, la dignidad de los pueblos y la Casa Común también es parte de nuestra misión", concluye el documento.
Más información, en www.endepa.org.ar y redes sociales.+