Pastorales Social, Aborigen y Ecológica advirtieron que la iniciativa favorece la concentración de tierras, afecta a comunidades indígenas y campesinas y contradice la doctrina social de la Iglesia.
Los equipos de la región Patagonia-Comahue advirtieron que la iniciativa desconoce la función social de la tierra, reivindicaron el destino universal de los bienes y llamaron a defender el bien común.
Ese organismo y el Episcopado cuestionan la decisión gubernamental de declarar finalizada la emergencia territorial que protegía, mediante la ley 26.160, la posesión y la propiedad comunitaria.