Obispos de Inglaterra y Gales rechazan el proyecto de suicidio asistido

El arzobispo Richard Moth advirtió sobre sus efectos en personas vulnerables y reclamó reforzar los cuidados paliativos y la financiación de hospicios.

El debate sobre el proyecto de ley que busca legalizar el suicidio asistido se reanudará este 11 de septiembre en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Varios obispos católicos de Inglaterra y Gales manifestaron su rechazo y pidieron a los parlamentarios votar en contra.

El texto, presentado el 17 de junio por la diputada laborista Lauren Edwards, es prácticamente idéntico al proyecto sobre adultos con enfermedades terminales que había sido presentado en 2024 y que caducó en la Cámara de los Lores en abril de 2026, después de la presentación de unas 1.200 enmiendas.

El arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, monseñor Richard Moth, instó a los diputados a rechazar la iniciativa y advirtió que contiene "fallos de principio y graves deficiencias".

"De aprobarse, podría presionar a personas vulnerables para que pongan fin a sus vidas", señaló. También expresó preocupación por las consecuencias sobre la libertad de conciencia de médicos y profesionales sanitarios y por la protección de las personas con discapacidad.

Frente a la propuesta, monseñor Moth reclamó fortalecer los cuidados paliativos. "Para ayudar verdaderamente a los pacientes terminales, necesitamos una atención paliativa mejorada, compasiva y de alta calidad, así como una financiación adecuada para los hospicios", sostuvo.

Riesgos para las personas vulnerables
El arzobispo de Liverpool, monseñor John Sherrington, responsable de los asuntos relacionados con la vida en el episcopado inglés y galés, calificó el proyecto de "defectuoso y peligroso" y llamó "a todas las personas de buena voluntad a oponerse".

"Es incorrecto en principio que los profesionales sanitarios participen en la terminación de la vida de sus pacientes", afirmó. También advirtió que la iniciativa "no proporciona suficientes garantías contra la coerción ni protege a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, las personas con trastornos alimentarios y las víctimas de violencia doméstica".

Sherrington señaló además que el proyecto no protegería adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia ni establecería una exención institucional para hospicios y residencias de ancianos que no quieran participar.

Por su parte, el obispo de Portsmouth, monseñor Philip Egan, calificó la iniciativa de "peligrosamente defectuosa" y afirmó que "el principio mismo de ayudar a alguien a quitarse la vida es abominable". Según el prelado, la experiencia de otros países muestra el riesgo de que, con el tiempo, se amplíen las categorías de personas alcanzadas por estas prácticas.

El obispo de Hexham y Newcastle, monseñor Stephen Wright, también manifestó su oposición: "La vida es un don de Dios. Toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios, y toda persona, independientemente de su condición social o de las dificultades que atraviese, posee una dignidad divina que debe ser respetada".

También se pronunció la Iglesia de Inglaterra
La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, expresó una posición similar en un artículo publicado por The Telegraph. A partir de su experiencia como enfermera en unidades de oncología, sostuvo que se opone a modificar la legislación para permitir el suicidio asistido.

La líder anglicana advirtió que la práctica "no solo perjudica nuestra comprensión común del valor de la vida, sino que también pone en riesgo a las personas vulnerables". También defendió que el compromiso social con la prevención del suicidio debe alcanzar a los enfermos terminales y destacó el valor de cuidar a quienes atraviesan situaciones de fragilidad.+