Córdoba: alertan que la crisis en discapacidad vulnera derechos básicos

"La actual crisis dejó de ser un problema financiero", advirtieron. Vicarías, prestadores y familias denunciaron abandono, demoras en pagos y riesgo para la continuidad de las prestaciones.

La Vicaría de los Pobres y la Pastoral de la Salud de la arquidiócesis de Córdoba expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector de la discapacidad y respaldaron el reclamo de instituciones, profesionales y familias ante lo que calificaron como una emergencia que afecta la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables.

El pronunciamiento surgió tras una reunión realizada el 23 de junio en la sede del arzobispado, de la que participaron representantes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Cadepris), organizaciones sociales, profesionales y familiares de personas con discapacidad.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la problemática excede el plano económico y constituye una grave cuestión social y humanitaria.

"La actual crisis económica y social dejó de ser un mero problema financiero para convertirse en una vulneración directa y sistemática de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad", señalaron.

Asimismo, manifestaron que "no nos duele sólo lo económico, nos duele el abandono que conlleva y el desamparo de miles de vidas", al tiempo que denunciaron un proceso social "involutivo" que profundiza la denominada "cultura del descarte".

Retrasos, deudas y riesgo para las prestaciones
Entre los principales problemas expuestos, se destacó el atraso en los pagos del programa nacional Incluir Salud, cuyos fondos correspondientes a enero de 2026 comenzaron a percibirse recién en estos días.

Según indicaron, esta situación impide a numerosas instituciones afrontar salarios y aguinaldos, comprometiendo la continuidad de las prestaciones y la atención de los pacientes.

También cuestionaron las nuevas exigencias administrativas para la renovación de convenios sin que previamente se hayan regularizado las deudas pendientes, y denunciaron incumplimientos de la Ley Nacional de Discapacidad que ya motivaron intervenciones judiciales.

Pedido de respuestas urgentes
Frente a este escenario, los participantes reclamaron que el Estado garantice la continuidad y sostenibilidad de las prestaciones esenciales y evalúe el impacto concreto que tienen los recortes, el desfinanciamiento y las demoras en los pagos sobre las personas con discapacidad y las instituciones que las acompañan.

"Las familias se ven obligadas a abandonar su función de acompañamiento para transformarse en guerreros frente a un sistema que intenta invisibilizar sus reclamos", afirmaron.

Finalmente, los representantes eclesiales y sociales acordaron sostener espacios de diálogo y convocar a una nueva reunión en los próximos días para evaluar el avance de los reclamos y coordinar nuevas acciones de visibilización.

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