Córdoba: barrios populares e Iglesia rechazan cambios a la ley 27.453

Advierten que la iniciativa nacional pondría en riesgo derechos habitacionales y la situación de más de 40 mil familias cordobesas en 318 urbanizaciones.

La Mesa de Barrios Populares y la Iglesia en Córdoba convocaron a una conferencia de prensa para manifestar su preocupación ante el proyecto de ley nacional denominado "Inviolabilidad de la propiedad privada", al considerar que, de ser aprobado, afectaría gravemente los procesos de integración urbana y la seguridad habitacional de miles de familias.

La presentación se realizará el jueves 30 de abril, a las 10, en la sede del Arzobispado de Córdoba, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 98, y contará con la participación de referentes de la Mesa de Barrios Populares y del cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba.

Según expresaron los organizadores, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional pone en riesgo a más de un millón de familias de todo el país que habitan en barrios populares registrados oficialmente. En la provincia de Córdoba, señalaron, existen 318 barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Modifica aspectos centrales de la norma vigente
Los convocantes sostienen que el proyecto modifica aspectos centrales de la ley 27.453, sancionada en 2018 por unanimidad en el Congreso Nacional y fortalecida posteriormente en 2022.

Entre los principales cuestionamientos, remarcan que la propuesta oficial implicaría un retroceso en materia de derechos sociales y urbanización, al debilitar herramientas legales que permitieron avanzar en obras básicas, regularización dominial y protección frente a desalojos.

Puntualmente, advierten que la iniciativa:

• Pretende derogar artículos centrales que afectan el avance de la regularización dominial.
• Debilita la protección vigente al eliminar la suspensión de desalojos y la responsabilidad del Estado nacional en materia de expropiaciones.
• Prioriza la propiedad privada por encima de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la energía eléctrica, las cloacas y la vivienda digna.

La Mesa de Barrios Populares señala además que esta propuesta no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas de integración urbana, con obras paralizadas y mejoras suspendidas en numerosos sectores vulnerables.

Avances concretos en todo el país
En ese sentido, recuerda que la Ley 27.453 permitió avances concretos en todo el país, favoreciendo el acceso progresivo de millones de personas a servicios esenciales, mejores condiciones habitacionales y mayor seguridad en la permanencia en sus hogares.

En Córdoba, precisaron, se ejecutaron más de 40 obras que beneficiaron a unas ocho mil familias, mediante intervenciones vinculadas a infraestructura básica, urbanización y mejora del hábitat.

Los organizadores consideran que alterar ese marco normativo significaría "un retroceso democrático", además de debilitar la institucionalidad, erosionar derechos ya reconocidos y desconocer procesos participativos construidos durante los últimos años.+