El monje cisterciense, de 65 años, fue trasladado desde la diócesis de Girona y sucede al cardenal Juan José Omella, cuya renuncia al gobierno pastoral fue aceptada por el pontífice.
Ante la entrada en vigor de la ley de eutanasia y suicidio asistido, prevista para enero de 2027, reclamaron preparar mecanismos institucionales y legales para rechazar esas prácticas.
La Fundación de la Unión Internacional de Superiores Generales publicó un informe sobre la cooperación entre institutos.
La CEE, diócesis, obispos y congregaciones religiosas manifestaron sus condolencias, pidieron oraciones por los fallecidos y acompañaron a los afectados por la tragedia.